“Del odio al amor hay un paso”, expresa un dicho popular.

Y ese devenir fue el que vivió, durante 2013, el Poder Judicial de la Nación, más precisamente la Corte Suprema de Justicia, a partir del tratamiento que tuvieron la polémica Ley de Medios y las Leyes de Reforma Judicial, denominadas estas últimas como “Democratización de la Justicia”, según el pensamiento del kirchnerismo gobernante.

El año comenzó caliente, cuando el presidente del Alto Tribunal, Ricardo Lorenzetti, en el acto de apertura del año judicial, dijo que “la Corte hará respetar la Constitución nacional”, a la vez que reconoció que “el Poder Judicial debe cambiar, pero para beneficio de los ciudadanos”.

El cuerpo tenía sobre sus espaldas resolver la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como Ley de Medios).

Las idas y vueltas judiciales, con fallos a favor y en contra, con cautelares y contra-cautelares que plantearon el oficialismo, por una parte, y la oposición y las asociaciones de abogados y magistrados, por otro, llevó a que la causa transitara por múltiples instancias.

En el medio, se lanzaron numerosas críticas y ataques contra la Justicia desde organizaciones “K”. “Los jueces deben rendir cuenta de su gestión”, “hay que abrir la corporación”, “queremos que a los jueces se los pueda controlar”, “necesitamos una Justicia ágil y rápida”, “no a la justicia calienta sillones”, fueron algunos de los reclamos. En la vereda de enfrente, también hubo movimientos populares en defensa de la Justicia.

Hasta la propia presidenta, Cristina Fernández, intentó politizar los fallos, pero fracasó en su intento. La Corte nunca respondió los ataques. Se limitó a analizar los expedientes y a dictaminar en consecuencia.

Primera derrota
El malestar hacia la Justicia transitaba su punto máximo. Y se exacerbó aún más cuando el 1 de junio, jueces federales frenaron la ley que limitaba las medidas cautelaras contra el Estado. Una de las leyes que integraba el paquete de la “Democratización de la Justicia”. Fue la primera gran derrota “K”.

Y la jefa de Estado continuó con sus ataques contra miembros del Tribunal. Esta vez el blanco elegido fue el ministro Carlos Fayt, a quien definió (sin nombrarlo, pero al que disparó por elevación) como “un hombre centenario” y de quien dijo que “no puede ser que un hombre de más de 75 años imparta justicia”.

Segunda derrota
Unos pocos días después, el 18 de junio, la Corte declaró la “inconstitucionalidad de cuatro artículos de la nueva ley de reforma del Consejo de la Magistratura aprobada por el Congreso, que comprende el llamado a elección popular de integrantes de dicho órgano encargado de promover y remover magistrados. Esto le valió, al Máximo Tribunal, recibir el repudio generalizado del kirchnerismo militante.

Los ministros también trabaron la ampliación de 13 a 19 el número de integrantes de dicho Consejo. Fue la segunda derrota judicial “K” del año.

“Esta Corte es opositora, no es independiente; este fallo es un despropósito”, fueron algunas de las afirmaciones que lanzó el ultra “K” Aníbal Fernández.

Pero el alto tribunal hizo oídos sordos y siguió adelante con su cruzada a favor de la independencia del Poder Judicial.

En respuesta, el Gobierno nacional lanzó a los sabuesos de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos, el organismo recaudador de impuestos nacionales) a revisar los patrimonios del propio Lorenzetti y el de sus hijos, lo que generó una airada protesta de los propios ministros de la Corte y de las entidades que nuclean a abogados y magistrados.

Tercera derrota
La pelea político-judicial entre el máximo tribunal y la Casa Rosada los enfrentó en un nuevo round. Fue el 22 de agosto, cuando la Corte declaró “inaplicables” tres de las leyes que conformaban el paquete de la Reforma Judicial: la Declaración Jurada de Bienes de los jueces, el Ingreso al Poder Judicial y la Publicidad de las Sentencias judiciales.

En este choque, la Corte Suprema reafirmó la defensa de sus potestades y obligaciones, enfrentando las intenciones “invasoras” del Ejecutivo.

Fue la tercera derrota que sufrió el kirchnerismo.
Pero como nada es eterno, muchos menos las batallas perdidas en política, la Corte Suprema transformó el encono contra el cuerpo en palmas hacia ellos cuando el 29 de octubre -dos días después de la derrota del Gobierno en las elecciones legislativas nacionales-, declaró la constitucionalidad de cuatro artículos objetados de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

De esta manera, el alto tribunal le dio “luz verde” a la aplicación de la norma, que significó para el Poder Ejecutivo nacional ganar fuerza en su pelea con el multimedios Grupo Clarín, que había objetado la aplicación de la legislación.

La decisión agradó a todo el oficialismo, en especial a la jefa de Estado, quien sin embargo no se expresó por esos días porque estaba convaleciente de una cirugía en el cráneo.

Pero el fallo también criticó algunos fundamentos de la Ley de Medios, por lo que deslizó llamados de atención hacia el Ejecutivo, dejando abierto un amplio abanico para futuros reclamos judiciales.

De esta manera, la Corte Suprema cierra un año judicial plagado de cuestionamientos políticos a su accionar. Desde “justicia lenta y obsoleta” hasta “impopular” y “antidemocrática”, el Poder Judicial pasó por distintos calificativos y estados de ánimos. Sin embargo, el clima político, aparentemente, nunca afectó ni influyó en sus decisiones.

El Gobierno siempre intentó que el alto tribunal popularizara sus dictámenes. Pero, a pesar de las críticas, la Corte se mantuvo firme en sus postulados y se limitó a hablar a través de sus fallos y sentencias.